La comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Disputados recibió este miércoles a especialistas vinculados a la protección, prevención y rehabilitación para consumidores fallidos y de los usuarios de tarjetas de crédito o tomadores de préstamos personales a través de plataformas digitales. Además, se informó que hay alrededor de 18 proyectos relacionados a esas problemáticas. 

En primer lugar, expuso la socióloga y docente Lucía Cavallero, quien remarcó que “39 billones de deuda tienen hoy las familias en Argentina, sumado al dato del Banco Central (BCRA) sobre un fuerte incremento de los niveles de morosidad, los más altos de los últimos 20 años”.  

“La particularidad, es que el endeudamiento no es circunstancial, ni transitorio, sino que es dedicado a poder subsistir y ser utilizado para los gastos básicos”, expresó al tiempo que instó a que “los proyectos de ley deberían expresar que el monto que paguen las familias en una restructuración no puede dejarlas por debajo de la línea de pobreza”.

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Luego, el Defensor Adjunto del Pueblo de CABA, Arturo Pozzali, afirmó que “hay un aumento sistemático de reclamos y consultas de familias que no están pudiendo cumplir, principalmente por no tener capacidad de pago”. En otro aspecto criticó que, a diferencia de los bancos, “la comunicación con las billeteras virtuales es muy dificultosa y cada vez es más compleja”.

De manera virtual, Ariadna Ciammarriello, coordinadora del Área Financiera de la Oficina de Derechos de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios del Consejo Municipal de Rosario, Santa Fe, explicó que “hoy casi se equipara el pedido de la gente de financiación de deuda, del último año, con las denuncias en cuestión de estafas virtuales”. 

Con referencia a esto, resaltó que “el consumidor que viene a la oficina realmente tiene voluntad de pago”. Además, cuestionó la “expansión agresiva, fácil e inmediata del crédito” y “la falta de responsabilidad que tiene las entidades bancarias en evaluar la capacidad crediticia del usuario”.

El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, manifestó que “el negocio es la refinanciación, tasas de 500% o 600%, que lo vemos en los barrios cuando hablamos con los jubilados, que están produciendo la quiebra de las familias sin ninguna herramienta de solución para los millones de argentinos que están sobreendeudados como consecuencia del plan económico”.

Bussetti propuso que “el mecanismo, que sigue siendo un paliativo, tiene que ser algo jurídico que le permita al usuario sentarse con el acreedor para que pueda refinanciar su deuda como lo hacen las empresas, y que pueda funcionar en todo el país”.

La contadora pública Alejandra Fernández Scarano, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y actual secretaria de Hacienda, Producción y Comercio de la Municipalidad de Hurlingham, presentó un informe acerca de la morosidad en tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales. “A peor calidad del crédito la tasa es mayor porque hay una mayor morosidad y mayor riesgo”, sentenció.

En la continuidad expuso Gabriel Martínez Medrano, director de Legales de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc), basó su exposición en el “Régimen de Segunda Oportunidad”, basándose en la experiencia española. 

Con respecto a la situación de nuestro país, especificó que “jurídicamente, el principal problema que hay es la fragmentación de las deudas de los consumidores, que se acentúa por las sesiones de créditos”. 

En esa línea, agregó: “Para las personas que no son comerciantes no existe un mecanismo fácil, barato, rápido y justo para los acreedores que se pueda hacer”.

En representación de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, reflexionó que “si hablamos solamente de las personas sobreendeudadas, estamos trabajando sobre las consecuencias únicamente”. “La solución es que se recupere la capacidad adquisitiva de los salarios y de las jubilaciones”, recalcó.

Al comienzo del encuentro, los legisladores completaron cargos directivos de la Comisión que restaban designar. En ese sentido, para la vicepresidencia segunda fue avalado el diputado nacional Marcelo Barbur (UxP). Y, para las secretarías primera y tercera fueron elegidos Rosario Goitia (LLA) y Sergio Casas (UxP), respectivamente.